La Abogacía del Estado pide dos años para Sánchez Gordillo y Cañamero

Se les atribuye delitos de usurpación, desobediencia y daños en la ocupación de Las Turquillas Cañamero comparece ante el TSJA, pero elude declarar 

El País Sevilla 11 JUL 2013 - 21:13 CET

 

Sánchez Gordillo y Cañamero, en la finca Las Turquillas. / JULIÁN ROJAS 

La Abogacía del Estado ha pedido dos años de cárcel para el diputado andaluz y alcalde Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo (IU), y para el portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, por la ocupación el verano pasado de la finca militar Las Turquillas, en Osuna (Sevilla), informa Efe. Según fuentes judiciales, se les atribuye la presunta autoría de los delitos de usurpación, desobediencia grave y daños durante la ocupación de la finca —que sufrió daños que fueron tasados en unos 800 euros—.

La Abogacía del Estado hace extensible la petición de pena de dos años de prisión para otros dos militantes del SAT a los que considera cabecillas de la protesta junto a Sánchez Gordillo y Cañamero. Para los 50 imputados restantes solicita un año y seis meses de cárcel por los mismos delitos. Sánchez Gordillo es el único aforado de los imputados en esta causa.
El pasado mayo, el juez instructor del TSJA dictó un auto de procedimiento abreviado sobre esta causa que quedó en suspenso tras comprobar que faltaban diez personas por declarar, entre ellas Cañamero, quien finalmente compareció el pasado miércoles ante el alto tribunal andaluz, al que acudió detenido por haber desoído varios llamamientos de la justicia para que acudiera a prestar testimonio. Cañamero se acogió a su derecho a no declarar.
Una vez tramitadas esas diez comparecencias, el magistrado levantó el miércoles la suspensión del auto de procedimiento abreviado, por lo que solo resta la apertura de juicio oral y su señalamiento tras el pronunciamiento de las parte

El Gobierno blinda a Rajoy y defiende su palabra ante la declaración del extesoreroEl Ejecutivo y el PP llevan la batalla al terreno de la credibilidad ESPECIAL 'Caso Bárcenas'

 Bárcenas pasa al ataque contra Rajoy y amenaza con contarlo todo

 
 Tras unas primeras horas de silencio y casi abatimiento, el Gobierno y el PP han empezado a reaccionar ante la nueva emergencia del caso Bárcenas. La estrategia diseñada parece clara: llevar la batalla al terreno de la credibilidad. Es la palabra del presidente del Gobierno contra la de su extesorero, señalan. Y los españoles van a creer más a Mariano Rajoy que a un hombre con casi 50 millones de euros en Suiza.
El Gobierno salió ayer en tromba a defender que Rajoy es un hombre honesto. Y esa es en sí una decisión que muestra la gravedad de la crisis política que ha provocado la amenaza de Bárcenas de tirar de la manta. Varios ministros, en tono muy sentido, reivindicaron la figura del presidente. Él no dijo una palabra sobre el escándalo, más allá de una frase indirecta en un acto en la factoría OPEL de Figueruelas: “Tenemos tendencia a contar las cosas que no son las mejores, pero también tenemos que hablar de las importantes y las buenas”.
El más sentido fue Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia y miembro de la cúpula de Rajoy —los maitines ahora desaparecidos— desde 2004, algo que solo puede decir Javier Arenas. Gallardón aseguró que los que llevan tiempo trabajando con Rajoy son “conocedores del referente ético que siempre ha significado” para el PP. El propio Arenas, en lo que parecía una estrategia claramente coordinada, dijo que el presidente es “intachable en todos los sentidos”. Cristóbal Montoro, otro veterano colaborador —aunque nunca estuvo en maitines—, lo definió como un político “muy honrado y entregado al servicio de los intereses generales”. Mientras, Carlos Floriano, número tres del PP, remató el choque de credibilidades: mientras el presidente es “una persona honesta y honrada a carta cabal”, el extesorero es “alguien que ha engañado a Hacienda, ha engañado a los fiscales, ha engañado al PP durante 20 años, a sus abogados y a los jueces. Y ninguna persona que ha engañado a tanta gente puede tener no ya el mismo crédito, sino el más mínimo crédito comparado con alguien de la categoría moral y de la talla humana de Mariano Rajoy”, enfatizó.
El PP prepara así a la opinión pública para el momento más temido, el lunes, cuando Bárcenas declare ante el juez Ruz. Algunos dirigentes confían aún en que no quiera autoinculparse, y menos antes de que se resuelva su recurso contra su encarcelamiento, por lo que esperan que se niegue a declarar. Y si asegura que los papeles son buenos, los populares insisten en que será la palabra de Rajoy contra la suya, sobre todo en un elemento clave: no hay delito —solo un incumplimiento de la ley de incompatibilidades— y todo está prescrito, por lo que es impensable que el juez quiera imputar a nadie, algo que sería demoledor. Y por si hay dudas, recuerdan que esta es la filosofía que expresó el juez en el auto en el que rechazó llamar a José María Aznar por el mismo asunto.

El PP acusa a la oposición de “apadrinar” y ser rehén del “delincuente” BárcenasRubalcaba: “Sí, Bárcenas es un delincuente, pero es su delincuente” El PP pagó a Bárcenas hasta el 31 de enero

Rubalcaba: “Sí, Bárcenas es un delincuente, pero es su delincuente” El PP pagó a Bárcenas hasta el 31 de enero

ALONSO. "Nos preocupa cómo limpiar una trama de corrupción que sí ocurrió en el PP"

Esta vez al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el tiempo no le va a resolver el problema, tal como se le atribuye como forma de actuar. Así se lo ha dicho la oposición al reclamar sin éxito su presencia para que explique la financiación de su partido, el cobro de sobresueldos, y, en suma, las acusaciones del extesorero Luis Bárcenas. La reacción ante esta unanimidad del Grupo Popular, además de votar en contra, ha sido de una gran virulencia. “Ustedes han convertido en abogados defensores del delincuente Bárcenas; le han apadrinado al seguir su estrategia”. Esta ha sido la respuesta del portavoz del Grupo Popular, Alfonso Alonso, a la petición de comparecencia del presidente. “Sabemos que es un delincuente, pero es su delincuente”, ha respondido el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, después de dirigirse a los diputados del PP para señalar que su blindaje a Rajoy para que no venga al Congreso “va en contra del presidente, del Parlamento y de la democracia española”.
A diestra, a siniestra, a los nacionalistas, a todos en general, ha golpeado dialécticamente el portavoz del Grupo Popular, Alfonso Alonso, ante la petición unánime de que Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, explique en la Cámara “las acusaciones de financiación ilegal del Partido Popular”, según solicitud del PSOE, Izquierda Plural, Grupo Mixto, UPyD y el apoyo de CiU y PNV. “Al señor Bárcenas le han salido aquí nuevos abogados y ese personaje es el que ha inspirado sus intervenciones a todos ustedes, que han actuado como autómatas”, ha replicado Alonso, en una intervención durísima que quedará en la Cámara por mucho tiempo.  A cada grupo le ha soltado un torpedo. “Ustedes saben que el señor Rajoy es una persona honrada y no se le puede restar credibilidad frente a un delincuente”.

Izquierda Unida culmina su renovación

La federación de izquierdas elige por unanimidad a su ejecutiva Antonio Maíllo espera que el PSOE “también garantice la estabilidad” del Gobierno anda 

IU culmina su renovación

Lourdes Lucio Sevilla 6

La federación de izquierdas elige por unanimidad a su ejecutiva. Antonio Maíllo espera que el PSOE “también garantice la estabilidad” del Gobierno andaluz

Diego Valderas, Antonio Maíllo y Antonio Romero, en Antequera. / GARCÍA-SANTOS

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Nadie recuerda en Izquierda Unida de Andalucía cuándo fue la última vez que su ejecutiva fue elegida por unanimidad. “Hace mucho, mucho tiempo”, dicen, como si empezaran a leer un cuento. La llegada del nuevo coordinador, Antonio Maíllo, y la presencia de IU, por primera vez en 30 años de autonomía, en el Gobierno andaluz de coalición ha traído mucha paz a esta organización, caracterizada históricamente por sus crónicas tensiones internas.
El consejo andaluz, el máximo órgano de decisión entre asambleas, eligió por unanimidad a la comisión ejecutiva integrada por 50 personas, de las que ocho corresponden a la minoría que lidera la CUT, el partido de Sánchez Gordillo. La coordinación colegiada, el órgano ejecutivo sobre el que recae el día a día de la gestión politica, obtuvo el respaldo del 89,5% y la abstención del 10,5% de la CUT. Este grupo, con una renovación del 80%, está formado por 15 personas. Con Maíllo, estarán el secretario general de los comunistas andaluces, José Manuel Mariscal; el portavoz parlamentario, José Antonio Castro; y el exdiputado Pedro Vaquero.
El excoordinador y vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, se encargará de las relaciones con el Gobierno. El nuevo número dos al frente de Organización, es Antonio Valero; y la responsable de Programas es Amanda Meyer, también secretaria general de la Vivienda. Natalia Robles, Isabel Lozano y Lucía Márquez, de Izquierda Abierta, forman parte de la sala de máquinas. Maíllo también ha contado con Álvaro García Mancheño, una figura emergente de la CUT, al que ha fichado al margen de la opinión de este sector minoritario. Como ocurrió en la 19ª asamblea celebrada a mediados de junio, el nuevo coordinador pretende tener las menos hipotecas posibles con los seguidores de Sánchez Gordillo.
El consejo andaluz acordó emprender acciones de protesta por la decisión del Gobierno central de recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto andaluz de fomento de la vivienda, elaborado por la consejería que dirige la cordobesa Elena Cortés (IU).
El viernes 12, a las 12, los dirigentes de Izquierda Unida protagonizarán concentraciones ante las sedes de la Subdelegación del Gobierno de las ocho capitales andaluzas. Según Maíllo, la demanda del Gobierno, que encargó al Consejo de Estado un informe jurídico sobre supuestas vulneraciones constitucionales con posterioridad a la decisión política, es “un ataque más que hace el Gobierno central contra Andalucía”, según informa Europa Press.
Maíllo también abordó ante el consejo andaluz el caso de los ERE y el último auto de la juez Mercedes Alaya,

La imputación de 20 cargos provoca un terremoto en la Junta de Andalucía

El calendario de declaraciones se inicia en 20 días con el exinterventor generalJavier Martín-Arroyo / Lourdes Lucio Sevilla 6 JUL 2013 - 21:00 CET152 

Manifestación de trabajadores de Cárnicas Hijos de Andrés Molina en Jaén. / Andrés Pedrosa  

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El terremoto que ha sufrido la Junta de Andalucía esta semana con la imputación de 20 altos y ex altos cargos puede tener nuevas sacudidas para sus dirigentes. Y si los temblores llegan, lo peor para el Gobierno autónomo es que serán probablemente de mayor intensidad. El pronóstico judicial es compartido por todos los alayólogos (expertos en la instrucción de la juez Mercedes Alaya del caso de los ERE) y cualquier conocedor de la gestión a alto nivel de la Administración pública.
Alaya ha puesto en jaque a la Junta con su imputación masiva que afecta al corazón ejecutivo de tres consejerías. Y su tesis está clara: todo cargo en la cúpula de la Junta que tuvo relación directa o conocimiento del fondo de los ERE y colaboró de alguna forma a su continuidad durante una década (2001-2010), tiene responsabilidad penal. Por eso es muy probable que los cargos imputados se multipliquen, también en dirección a la cúpula del Ejecutivo.

Es muy probable que Alaya apunte ahora a la cúpula del Gobierno andaluz

La argumentación de Alaya para las nuevas imputaciones ha sido muy escueta, pero para acusar a la exministra Magdalena Álvarez, esgrime dos motivos. Por un lado sostiene que “corresponde al consejero de Hacienda velar por la ejecución del presupuesto y por los derechos económicos de la Hacienda de la comunidad”. Por otro, afirma que Álvarez “fue la persona que dictó las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación (fórmula para pagar los ERE con menor control de la Intervención que las subvenciones excepcionales, utilizadas antes de 2001)”.
Álvarez, vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, fue consejera andaluza de Hacienda entre 1994 y 2004. Y su sucesor al frente de dicha consejería fue José Antonio Griñán, actual presidente de la Junta de Andalucía. Durante el mandato de este en Hacienda (2004-2009) las transferencias de financiación continuaron al igual que los desfases y las ampliaciones presupuestarias. Sin embargo, el factor añadido que la juez considera clave es que su departamento ignorara los informes de la Intervención General que durante cinco años se repitieron con alertas significativas sobre la opacidad del sistema de pagos. Griñán ha negado haber accedido a los informes, pero sí los recibió la actual consejera de Hacienda y exviceconsejera Carmen Martínez Aguayo, a la que supuestamente informó también de manera verbal el ex interventor general Manuel Gómez, según declaró su número dos Teresa Arrieta ante la Guardia Civil.

El PSOE sugiere que Alaya ha querido interferir en las primarias

Elena Valenciano: "No hay base para la imputación de Magdalena Álvarez, ella cumplía la ley"
EL CASO DE LOS ERELa juez Alaya imputa a la exministra Álvarez 
El PSOE-A: Alaya hace “causa general” a los Gobiernos andaluces
 
 Susana Díaz presenta su candidaturA

El consejero andaluz de Agricultura, Luis Planas, saluda a la consejera de Presidencia, Susana Díaz, al inicio de la reunión del Comité Director del PSOE-A. / Jose Manuel Vidal (EFE)

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La secretaria general del PSOE de Sevilla y consejera de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, ya ha comunicado, mediante el pertinente escrito, a la Comisión de Garantías Electorales del PSOE-A su intención de optar a las primarias que los socialistas andaluces van a celebrar este mes para elegir al candidato a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas. Además, la consejera ha hecho pública su decisión a través de su cuenta de Twitter: "Doy el paso con mucha emoción y responsabilidad. Me presento a las primarias del partido de la igualdad de oportunidades, el PSOE andaluz".

Fuentes socialistas han informado de que Susana Díaz hizo constar ante la Comisión de Garantías Electorales su voluntad de optar a las primarias este martes por la noche, una vez que finalizó la reunión del Comité Director del PSOE-A, en la que se dio luz verde al proceso y a la constitución de la citada comisión, como la encargada de certificar, en primera instancia, que se reúnen los requisitos como militante para poder presentarse y ser elegido y, en su momento, qué persona ha conseguido los avales necesarios para optar a la elección.

Griñán ve “recurrible” el último auto de los ERE porque no hay reproche penal

  Valderas afirma que "no es posible" que un imputado esté en un cargo de responsabilidad

EFE Sevilla 3 JUL 2013 - 18:52 CET

 
 El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, cree que el auto por el que la juez Mercedes Alaya ha imputado 20 altos cargos por el fraude de los ERE es "manifiestamente recurrible" porque "no contiene absolutamente ningún reproche penal".
En declaraciones a los periodistas antes de visitar un centro de especialidades en Córdoba, Griñán ha hecho hincapié en que cree que "a ninguna de las personas contenidas en ese auto", a los que ha calificado como "servidores públicos", se les hace "ningún reproche penal". Al ser preguntado sobre si cree que la juez Alaya le va a imputar a él en el caso de los ERE, el presidente andaluz ha evitado responder. "No hay más preguntas", ha zanjado.
El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, también ha pedido "prudencia" ante la noticia, pero ha dejado claro que "no es posible" que un "imputado y procesado pueda estar en un cargo de responsabilidad", aunque ha dicho que habrá que esperar a la resolución de los recursos presentados. Valderas ha admitido que se siente "preocupado" porque atisba "que hay planteamientos de relación de la justicia que se sitúan fuera de la imparcialidad", añadiendo por tanto que ve "escasa imparcialidad" en el auto.
En el auto que se comunicó ayer a las partes la juez imputa, entre otros altos y ex altos cargos de la Junta, a la exministra de Fomento Magdalena Álvarez, que fue consejera andaluza de Economía y Hacienda durante diez años, y al actual número dos de la consejería de la Presidencia, Antonio Lozano, que era director general de Presupuestos cuando se puso en marcha el fondo de los ERE.