viernes, 24 de enero de 2014

ENTREVISTA CON OLLI REHN » “Llevará 10 años arreglar la crisis española”

El vicepresidente y comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, ofrece en esta entrevista un mensaje positivo sobre el rescate que este jueves finaliza, pero tan repleto de matices como alejado de la complacencia que vienen mostrando el Gobierno  crisis” Bruselas 23 ENE 2014 - 00:00 CET

Salarios a cambio de empleo. En su informe anual sobre España, elFondo Monetario Internacional (FMI) plantea un gran pacto entre empresarios y sindicatos por el que los trabajadores acepten rebajas de sueldos a cambio de que las empresas se comprometan a crear empleo de forma significativa. Ese acuerdo vendría acompañado por un giro en la política fiscal que supusiese rebajas en las cotizaciones a la Seguridad Social a cambio de subidas de impuestos indirectos.
El Fondo ha realizado una simulación del impacto que tendría una medida así y, "a efectos ilustrativos" pone un ejemplo de bajada nominal de sueldos del 10% en dos años acompañada por una reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social de 1,7 puntos, seguida dos años después por una subida del IVA (por la vía de pasar productos del tipo reducido al general, lo que supone 11 puntos para esos productos).
"Una gran respuesta del empleo y la reducción de la inflación serán fundamentales para que el poderadquisitivo de los hogares en su conjunto no sufraTal acuerdo debe complementar, no sustituir, a las reformas estructurales. Los retos para todas las partes involucradas son enormesy será crucial evitar un acuerdo que descarte o retrase lasnecesarias reformas estructurales", explica el Fondo.
Los técnicos del Fondo han sido alertados por sus interlocutores en España de las dificultades para lograr un pacto así y de hacerlo cumplir en caso de alcanzarse. Y otros les advirtieron que incluso si se alcanzase el pacto, si la respuesta del empleo no llega, el resultado podría ser una disminución significativa de la demandauna mayor carga de la deuda de las familias y un mayor déficit. "Sin embargo, dada la enorme magnitud del desafío afrontado y reconocido por todas las partes, el personal [del FMI] considera interesante explorar esta opción, si no ahora, en el futuro si el desempleo no baja significativamente", señala el informe sobre España.
El informe fue presentado al Directorio Ejecutivo del Fondo. "Muchos directores opinaron en general que sería beneficioso estudiar la posibilidad de un acuerdo social entre los sindicatos y los empleadores para acelerar los beneficios derivados de las reformas estructurales en materia de empleo, pero al mismo tiempo señalaron que sería difícil de lograr", explica el Fondo.
Los técnicos del Fondo han metido la rebaja de sueldos del 10% junto con esas otras medidas en sus hojas de cálculo y el resultado que les da es que se impulsaría el crecimiento, se crearía empleo y se reduciría el déficit. El producto interior bruto (PIB) subiría 5 puntos en cinco años y el empleo 7 puntos en ese plazo. Las simulaciones muestran que una caída de precios del 4%-5% tras dos años impulsaría ya el consumo al segundo año.

El tribunal superior de Madrid ve indicios para sentar en el banquillo al juez Silva

El juez del ‘caso Blesa’ comparece ante los tribunales por presunta prevaricación











El instructor de la querella de la Fiscalía contra el juez Elpidio José Silva ha acordado seguir la causa abierta contra este por delitos contra la libertad individual y uno de prevaricación, entre otros, y le ha fijado una fianza civil de 8.000 euros por su actuación en el caso Blesa. Según el instructor, existen bastantes "indicios racionales" de que Silva prevaricó al abrir una "causa general" y "prospectiva" contra el expresidente de Caja Madrid.
En un auto, el magistrado Jesús Gavilán del Tribunal Superior de Justicia de Madrid transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado, primer paso para sentar en el banquillo de los acusados a Silva, el juez que ordenó encarcelar al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa en dos ocasiones.
Gavilán da un plazo de diez días a las partes personadas —entre ellos Blesa y su abogado—, para que soliciten la apertura del juicio oral, formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa, así como la práctica de diligencias complementarias. 
El juez Silva, por su parte, ha regresado este lunes a su despacho en el juzgado de Instrucción número 9 de Madrid tras concluir la sanción de cuatro meses y siete días de suspensión y multa de 600 euros que le impuso el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en julio por el retraso en los procesos que tenía asignados, por no motivar sus resoluciones y por falta de consideración a los funcionarios, han informado en fuentes jurídicas. Las sanciones no tienen nada que ver con la causa contra Blesa.
En concreto, recibió dos sanciones muy graves por la "absoluta y manifiesta falta de motivación" de sus resoluciones y por retrasos en la tramitación de asuntos en su juzgado. Junto a ello, fue sancionado por una falta grave por la falta de desconsideración al Ministerio Fiscal. Silva acumula un nutrido historial disciplinario desde 1994, cuando fue suspendido tres meses de sus funciones por retrasos en su juzgado de entonces, el número 1 de Instrucción de San Roque, en Cádiz.
Por lo que respecta al caso Blesa, dos Juzgados de Instrucción de Madrid se han pasado la bola de investigar al ex presidente de Caja Madrid Miguel por la compra del City National Bank de Florida en 2008, al resistirse ambos a hacerse cargo del asunto. Después de que el caso haya sido rebotado durante dos meses de una instancia a otra, el conflicto será resuelto por la Audiencia Provincial de Madrid.

Caso Blesas: El juez rehúsa restringir la libertad de Blesa mientras busca más pruebas

Juan Antonio Toro interroga al exbanquero por la compra del City National

Afectados por preferentes increpan al expresidente de Caja Madrid, golpeado por una pancarta

Por encima del habitual cruce de interpretaciones en los que las acusaciones mantienen que el imputado ha reconocido algo que su letrado niega, el interrogatorio este viernes de Miguel Blesa, expresidente de Cajamadrid, por la compra de City National of Floridaparece dejar apuntalado algo: la investigación judicial continuará hasta agotar elementos que juzga claves el actual instructor, Juan Antonio Toro, sustituto del recusado y acusado de prevaricación, Elpidio Silva. Toro no pareció querer pisar el acelerador, como su malogrado predecesor, y rechazó la pretensión de Manos Limpias de retirarle el pasaporte al expresidente de Cajamadrid. Miguel Bernad, secretario general de dicha organización, afirmó sin dududarlo que Blesa había reconocido que obvió deliberadamente el permiso de la Comunidad de Madrid para tal compra, preceptivo dado que superaba el 5% de los recursos propios de la Caja.
Letrados de Ausbanc matizaron que, en todo caso, a Blesa se le escapó que la operación pergeñada por su equipo buscaba la compra no del 83%, como se informó al consejo de Administración de Cajamadrid, sino del 100%. Y, como resultado, la operación no costaba 618 millones de euros, cifra por debajo del umbral que exigía el permiso de la Comunidad de Madrid, sino 747 millones. El letrado de Blesa negó que su cliente hubiera reconocido que soslayó deliberadamente el permiso de la Comunidad de Madrid. Blesa, según versión, afirmó que contaba con el permiso del Banco de España. que avaló la compra conjunta en dos fases, 83% y 17%, y que por ello no precisaba tal control de la Comunidad de Madrid.
El juez incidió en sus preguntas en las normas que regulaban las inversiones de la caja y el fiscal abundó en el funcionamiento interno del equipo de Blesa. Todo ello, como un preludio de que la documentación requerida por el juez Toro sea, según los casos, recibida, analizada o traducida. Esta batería de pesquisas se dirigen a dilucidar todos los extremos de cómo se efectuaron los pagos para tal compra, el contrato de marras y si produjo perjuicio a la entidad. El interrogatorio de Blesa y de sus subalternos corroboró que los contratos por la compra del 83% y del 17%, como adelantó este diario, se firmaron el mismo día.

RISIS EN UCRANIA Reuniones gobierno-oposición Yanukovich, dispuesto a reformar la ley pero los indignados no se van

  • El presidente ucraniano promete reformar el gobierno y cambiar las normas

  • Mientras, las barricadas son más altas y los manifestantes se han radicalizado

  • Una mujer suplica a los policías en Kiev.
  • El presidente ucraniano, Viktor Yanukovich, prometió este viernes reformar el Gobierno y modificar las polémicas leyes aprobadas recientemente, que restringen el derecho de reunión y endurecen las penas por manifestación ilegal. Tanto el gabinete de ministros como este paquete legislativo han sido duramente criticados por la oposición ucraniana, que desde diciembre ha ocupado la principal plaza de la ciudad con barricadas.
    Los 'indignados' ucranianos exigen también una reorientación de la política hacia la UE y la dimisión del presidente, pero con estas concesiones Yanukovich abre al menos la puerta a una negociación real con la oposición, a la que ha pedido que respete la tregua decretada durante las conversaciones y que desaloje algunos edificios ocupados en la ciudad como el Ayuntamiento.
    La oposición está ahora mismo dividida y cientos de jóvenes se aprovisionan de piedras, neumáticos para quemar y botellas junto a la nueva barricada que han levantado frente a los agentes antidisturbios. Otros están más abiertos a las concesiones, pero quieren que Yanukovich dé los primeros pasos. El presidente anunció ayer que liberaría a los detenidos estos días por los disturbios, pero ha pedido un plazo de varios días que a muchos opositores les parece insuficiente.
    "Tomaremos la decisión en la próxima sesión [de la Rada Suprema o Parlamento]. El presidente firmará un decreto y reformaremos el Gobierno de tal modo que buscaremos una composición profesional óptima que trabaje por el interés del Estado ucraniano", dijo Yanukovich en una reunión con líderes religiosos y colectivos ortodoxos. El jefe de Estado convocó ayer una sesión especial de esta cámara legislativa, que se reunirá el día 28 de este mes. La oposición ha sido especialmente crítica con el primer ministro, que les ha acusado de terroristas; y con el ministro del Interior, al que culpan de las cargas y los abusos policiales. Ceder esas dos piezas sería un gran golpe de timón por parte del presidente.
    Yanukovich también prometió que el Parlamento introducirá cambios en las leyes aprobadas el pasado 16 de enero para endurecer las penas por manifestaciones no autorizadas y el bloqueo de edificios administrativos. Estas medidas reavivaron unas protestas que se han cobrado ya seis vidas y han sido duramente criticadas en la UE.

jueves, 23 de enero de 2014

CRÍTICAS AL COMISARIO DE COMPETENCIA » Francia ataca frontalmente a Almunia por restringir las ayudas estatales

El ministro Montebourg achaca al comisario reglas “delirantes y obsoletas” París 23 ENE 2014 - 00:00 CET

El comisario europeo de Competencia, el español Joaquín Almunia. / EFE

Con las elecciones europeas de mayo a tiro de piedra, y la Comisión cerca de la puerta de salida, el ministro de Industria francés, Arnaud Montebourg, lanzó este miércoles un ataque frontal contra el vicepresidente y comisario europeo de Competencia, el español Joaquín Almunia, al que acusó de ser un “integrista obsoleto y liberal” por restringir las ayudas estatales a los países que luchan por salvar su sector industrial. Montebourg reunió en su despacho de Bercy, sede de los ministerios económicos de París, a varios corresponsales europeos, entre ellos el de EL PAÍS, y acusó a la Comisión de carecer de “legitimidad democrática y política”, de vivir “en un delirio jurídico” y de “inventarse normas que no existen en los tratados para perpetuar su poder”. El ministro aseguró que tiene el apoyo de 11 países de la Unión Europea, entre ellos Reino Unido, España e Italia, para “revisar y liberalizar las ayudas de Estado” con el fin de afrontar “la competencia desleal de Estados Unidos y China”.
En respuesta, Almunia afirmó que la economía europea “no se revitalizará con medidas defensivas, a través del proteccionismo o el nacionalismo”, y recordó que “el presidente Hollande acaba de lanzar una estrategia ofensiva optando por la política de la oferta”. Según el comisario, “Europa no encontrará su lugar en la globalización emprendiendo una carrera por las subvenciones con el resto del mundo”, y es “falso” que la Comisión impida a los Estados ayudar a las empresas. Almunia aseguró que, “contra lo que afirma Montebourg, la Comisión está intentando simplificar la vida de los Estados aligerando las obligaciones burocráticas”.
La polémica entre los dos políticos lleva gestándose algunos meses. Este miércoles, Montebourg repartió dos cartas a la prensa: la que le envío Almunia el 19 de diciembre contestando a unas declaraciones suyas sobre la “doctrina integrista” de la Comisión , y su durísima réplica a esa misiva, enviada a Bruselas este 14 de enero.
En su carta, Almunia lamenta “la caricatura” que hace Montebourg de las políticas comunitarias de control de ayudas, y afirma que, “lejos de ser integristas”, esas reglas “han dado pruebas de utilidad y flexibilidad durante la crisis financiera y han permitido reestructurar el sistema bancario”. Almunia recuerda al ministro que, desde 2007, la Comisión ha aprobado ayudas públicas para I + D de 30 empresas francesas por un montante de 1.800 millones de euros y no desestimó ninguna petición.
Montebourg, que anuncia que Francia y otros países “van a subir al ring para luchar contra la cerrazón ideológica de la Comisión”, sostiene que esta “ha pasado 18 meses modernizando el sistema de ayudas para nada”, y que “la única novedad es que aplicará más trabas administrativas pero mantiene hasta 2020 la obligación de comunicar toda ayuda estatal superior a 200.000 euros”. “¡La cifra permanece igual desde 2006, la Comisión ni siquiera aplica la inflación!”, bramó el ministro.
El Desglobalizador Montebourg niega que su política sea proteccionista, la define como “social-patriota”, y lamenta que Almunia no dijera “nada cuando se tomó la decisión política de rescatar a la banca europea con un 7% del PIB europeo para evitar su quiebra”. “Europa asiste impasible a la guerra mundial por la carrera tecnológica”, añade, “mientras China ha invertido el 6% del PIB en su nueva estrategia industrial, Estados Unidos más de 100.000 millones de dólares, y Japón el 1% de su riqueza anual”.

Alquiler: ¿inscribo el contrato? Disparidad de opiniones sobre la conveniencia de pasar o no por el Registro

Las modificaciones legales están cambiando las reglas del alquiler. /  Madrid 
23 ENE 2014 - 

La reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos suscita posturas encontradas (ver www.inmobiliaria.elpais.com) sobre la conveniencia o no de que los contratos de alquiler se inscriban en el Registro de la Propiedad.
Para la exministra de Vivienda Beatriz Corredor, vocal de relaciones institucionales del Colegio de Registradores, la inscripción reporta importantes ventajas. Todo lo contrario sostiene el abogado Daniel Loscertales, presidente de la editorial jurídica Sepin y uno de los miembros de la comisión de expertos consultados en el proceso de elaboración de la ley.
Corredor considera que la inscripción es imprescindible para mejorar y favorecer el desarrollo del mercado del alquiler y la financiación de las empresas de arrendamiento. Se trata de que la protección de los derechos de propietario e inquilino, sin verse menoscabada, "no perjudique la agilidad del tráfico jurídico".
Antes, sostiene, los derechos de los inquilinos prevalecían frente a terceros de buena fe aunque su contrato de arrendamiento no constase en ningún Registro. Esto perturbaba la seguridad del tráfico jurídico y facilitaba el fraude en los casos de compra y de ejecución hipotecaria. Tal inseguridad encarecía el crédito y disminuía el valor de la casa ante el impago. Ahora, si el contrato no está registrado y un comprador inscribe la compra, no podrá ser perjudicado por un alquiler no inscrito.
El inquilino, si su contrato no está registrado, "tampoco podrá ejercitar el derecho de adquisición preferente, salvo que demuestre que el comprador actuó de mala fe, pudiendo el nuevo propietario exigir que el inquilino abandone el inmueble en tres meses con independencia del plazo pactado", prosigue Corredor alegando que la inscripción permite agilizar los procedimientos de desahucio.
Loscertales considera que la inscripción producirá inseguridad jurídica: por ejemplo, "¿Qué culpa tiene el inquilino que cumple con sus obligaciones de que el arrendador no pague la hipoteca y se vea en la calle antes del término del plazo mínimo de tres años? Además, aunque hubiera inscrito, tampoco se libraría del desahucio por ser su inscripción posterior a la carga hipotecaria". Añade que, según los jueces, el porcentaje de fraude en caso de ejecuciones hipotecarias apenas alcanza el 1%.
El abogado considera que entidades financieras y fondos de inversión, a la hora de sacar al mercado sus viviendas, seguramente no querrán inscribir los alquileres porque les impediría vender con libertad.
En cuanto al propietario de la vivienda alquilada, si la casa no tiene carga, no le interesa inscribir, porque no obtendrá ningún crédito en esas condiciones.
Además, en opinión del abogado, hay inquietud entre los juristas porque no se especifica cómo se efectúa un requerimiento judicial cuando hay inscripción registral y existe una supuesta falta de pago y además, "la ley no aclara qué hace el registrador si el arrendatario supuestamente deudor contesta al requerimiento de pago indicando que no debe, ¿abre expediente y hace de juez, o se inhibe?". "¿Y si el arrendatario no recibe el requerimiento notarial?". En todo caso, prosigue, "aparte de poder anular la inscripción del alquiler ¿cómo se lanza al arrendatario de la vivienda? Pero, resulta que si el arrendamiento no está inscrito, el expediente no tiene lugar y nada de esto ocurriría, por lo que es evidente que no interesa inscribir" , concluye Loscertales, que añade que sería de gran ayuda conocer la respuesta del Ministerio de Justicia, que no dejó debatir estos extremos a la citada comisión.

DIMISIÓN DE SANDRO ROSELL » Rosell: “Mi etapa aquí ha terminado” Rosell dimite como presidente del Barça por el caso Neymar y Bartomeu asume el cargo “hasta 2016”

  • Ruz asume que existe el ‘caso Neymar’
  • Todo sobre el 'caso Neymar' Barcelona president over Neymar  Barcelona 23 ENE 2014 - 21:07 CET
  •  “Mi etapa aquí ha terminado”. Sandro Rosell, de 49 años, ha presentado esta noche su dimisión como presidente del Barcelona después de queel juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz admitiera a trámite la querellainterpuesta contra él por el socio Jordi Cases por “apropiación indebida por distracción” en la contratación de Neymar. En una alocución sin admitir preguntas de los periodistas, Rosell dijo sentirse víctima de “amenazas y ataques” que ponen “en riesgo a la propia familia”. Insistió en que la contratación de Neymar había sido “correcta” y atribuyó la querella a “envidias de muchos adversarios”.
  • El dirigente dijo sentirse víctima de “amenazas y ataques” que ponen “en riesgo a la propia familia”
  • Rosell ha sido presidente azulgrana desde verano de 2010 hasta este jueves. Poco después, la directiva azulgrana aprobó un código ético que exigía “transparencia” a los directivos de la sociedad. Josep Maria Bartoméu, hasta ahora vicepresidente del área deportiva, de 50 años, asume la presidencia. “La continuidad de nuestro proyecto llegará hasta 2016 [hasta agotar el mandato] después de haber sido en 2010 la candidatura más votada”, dijo Bartoméu.Al acabar su intervención, Rosell y Bartoméu recibieron una ovación de los directivos presentes en la sala de prensa. En ella no estaban los capitanes del Barça. Cases puso la denuncia el pasado 5 de diciembre por el fichaje del delantero brasileño Neymar. El socio denunciante entiende que el montante del fichaje asciende a 94,4 millones por “contratos simulados” y no, como afirma el club, a 57,1. Tras consultar los contratos remitidos por el Barça al juez Ruz, Cases interpreta que, entre 2011 y 2013, el contrato laboral de Neymar subió de 36 millones a 46; los derechos de imagen, de seis a ocho millones; y se añade un pago de 8,5 millones que no estaba en el contrato de 2011. El juez Ruz ha pedido toda la información sobre el fichaje al Santos (club de origen del jugador), a la empresa del padre de Neymar y a la confederación brasileña.
    Sobre la contratación de Neymar, asegura que fue “correcta” y atribuyó la querella a “envidias de muchos adversarios”
    El delito de “apropiación indebida por distracción” deriva del hecho supuesto de que los contratos firmados entre Neymar y el Barça “no responde a lo indicado en los mismos”. Esta figura delictiva, penada entre uno y seis años de cárcel, no implica que quien la comete se haya quedado con los bienes en su beneficio, sino que lo que castiga es una administración desleal.
    Varios portavoces del club coinciden en que no se ha cometido ninguna ilegalidad ni un delito de apropiación indebida, ni tampoco ha habido distracción económica sino que su actuación ha sido “impecable”. El demandante reitera en cambio que se ha ocultado a los socios una información que debía ser pública. La transparencia a la que alude reiteradamente el presidente ya se cuestionó cuando se dieron a conocer detalles inicialmente no sabidos sobre el contrato con Catar.