Si el PP tiene problemas, también lo tiene con el 'caso de los ERE' su rival político, el PSOE, y sindicatos como UGT y CCOO. En Andalucía, incluso, la Sala del Gobierno del TSJA tuvo que rechazar las "actitudes cercanas al acoso" y las "injustificables descalificaciones personales" dirigidas a la juez Mercedes Alaya, por miembros de CCOO y UGT con motivo de la puesta a disposición judicial de unos sindicalistas detenidos.
El juez José Castro imputó el martes a su esposa, la infanta Cristina, por un delito fiscal y otro de blanqueo de capitales. La infanta y su marido, que defienden la legalidad de sus acciones, no han presentado ninguna querella para ralentizar el proceso, pero el juez y el fiscal anticorrupción han discrepado sobre cómo continuar la instrucción del caso.
Las relaciones políticas. La investigación de Silva -suspendido cuatro meses el año pasado por falta de motivación de otras de sus resoluciones- siempre iba a ser un caso delicado, ya que Caja Madrid, como muchas cajas de ahorros españolas, estaba estrechamente ligada al poder político, y Blesa era amigo del expresidente del Gobierno José María Aznar. Caja Madrid se vio inmersa en problemas tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008. Fue rebautizada como Bankia tras fusionase en 2010 con otras seis cajas, pero con miles de millones de préstamos tóxicos a promotores inmobiliarios, pronto necesitó un rescate de 22.500 millones de euros. El rescate de la caja, su desastrosa salida a bolsa de 2011, y los complejos instrumentos de deuda disfrazados de depósitos de ahorro desencadenaron una serie de investigaciones penales. Blesa quedó en libertad tras pagar una fianza y sus abogados luego se quejaron de que Silva había abusado de su autoridad. La fiscalía de Madrid abrió una investigación sobre el juez por prevaricación y retardo malicioso en la administración de justicia y delitos contra la libertad individual de Blesa. El sustituto de Silva en el caso ordenó el martes a Blesa comparecer este mes para responder sobre la compra en Florida y determinar si perjudicó a Caja Madrid. Los abogados de Blesa no han contestado aún al auto.Mientras, Silva recoge firmas para demostrar que tiene apoyo público. "Si no me condenaran es porque lo pararíamos, porque toda la ciudadanía se movería"
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