CONSUMO El Gobierno da hasta el 1 de julio para la transición a la nueva factura de la luz
 El Gobierno aprueba el nuevo recibo de la luz con el fin de “abaratarlo”A partir del 1 de abril, la factura reflejará el precio diario del mercado mayorista aunque as eléctricas podrán prorrogar la tarifa actual hasta julio
Alberto Nadal, secretario de Estado de Energía, en su despacho
Poco a poco se van avanzando los detalles de cómo será la nueva facturación para los 16 millones de hogares acogidos a la Tarifa de Último Recurso (TUR) y que, precisamente, ha dejado de llamarse así dentro de la vorágine de cambios que afronta el sistema energético español. Entre las novedades del nuevo recibo, el Ministerio de Industria y Turismo aumentará de cinco a ocho el número de compañías eléctricas que servirán para fijar el precio de producción de la luz, que corresponde aproximadamente al 40% de la factura. El resto corresponde a impuestos y pejaes, que dependen directamente del Gobierno.
A partir de abril, cuando caduca el sistema de subastas, las empresas comercializadoras que aportarán el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor —el nombre con el que han bautizado al sustituto de la TUR— serán las cinco grandes (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, E.ON y EDP España) y otras tres nuevas. El motivo es que tienen una elevada implantación en las zonas en las que operan y son Cide HC-Energía, la Empresa de alumbrado eléctrico de Ceuta y Gaselec.
La nueva lista aparece en el borrador de real decreto por el que se establece la metodología de cálculo del nuevo PVPC, que ha sido remitido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Esta lista se publica con el objetivo de cumplir una sentencia de 2011, en la que se consideraba discriminatorio que cinco eléctricas suministren de forma obligada la tarifa regulada. El nuevo real decreto fija ahora unos criterios concretos para este servicio, entre ellos el de haber suministrado a más de 100.000 clientes durante el año anterior, o a 25.000 en el caso de Ceuta y Melilla. De esta forma, se abre la lista y se acaba con la arbitrariedad denunciada por las eléctricas.
La norma también resuelve la incertidumbre de los consumidores que se habían quedado sin derecho a tarifa regulada al tener más de 10 kilovatios (kW) de potencia contratada y que no encontraban suministro a mercado. Para estos usuarios, en muchos casos ayuntamientos e instalaciones públicas, se fija una penalización del 20% sobre el PVPC, sin que expire este escenario