El Gobierno reduce el agua que llega desde Guadalajara y Cuenca al Mediterráneo 17 SEP 2015 - 20:24 CEST
Pantano de Entrepeñas, en la provincia de Guadalajara. / Álvaro García
Nuevo trasvase y nuevo recurso. El Ministerio de Medio Ambiente anunció la aprobación de otro aporte de agua del Tajo al Segura.
Es el tercero que se hace cuando los embalses de Entrepeñas y Buendía
—los pantanos de Guadalajara y Cuenca de donde sale el agua— tienen
menos de 400 hectómetros cúbicos de aforo.
Castilla-La Mancha ha informado este jueves de un nuevo recurso
—ya van tres, uno ya presentado ante la Audiencia Nacional y otros dos
anunciados—. La intención del presidente socialista de la Junta,
Emiliano García-Page, es ir a los tribunales cada vez que el ministerio
trasvase agua con los pantanos de la cabecera por debajo de esos 400
hectómetros cúbicos, lo que supone alrededor del 15% de la capacidad de
los dos embalses. "Ahora no hay agua en la cabecera", se queja la
consejera de Fomento de la Junta, Elena de la Cruz.
La Junta argumenta que la normativa vigente desde 2013 establece que cuando se llegue a ese punto de los 400 hectómetros cúbicos no se puede trasvasar. Pero el Gobierno central argumenta que ese veto tenía un periodo de adaptación transitorio, con lo que no será completamente efectivo hasta 2018.
El nuevo trasvase —que el ministerio aprobó hace una semana sin que trascendiera— será de 10 hectómetros, de los que la mayoría serán para abastecimiento de poblaciones de Alicante, Murcia y Almería, según Medio Ambiente. La cantidad de agua ha ido descendiendo mes a mes: en julio se trasvasaron 20 hectómetros y en agosto, 15. Murcia ha lamentado esta reducción al ser una “mala noticia” para sus regantes, aunque dice ser consciente “de la situación de los embalses de cabecera”.
El cambio de Gobierno en Castilla-La Mancha ha reabierto la pugna. Al margen del recorrido legal de los pleitos, se está gestando un problema político. Si el PSOE vuelve a La Moncloa tras las elecciones de diciembre, se encontrará con la oposición de García-Page al acuerdo de 2013 sobre el trasvase. Y reabrir este asunto es resolver un puzle de intereses enfrentados entre autonomías
La Junta argumenta que la normativa vigente desde 2013 establece que cuando se llegue a ese punto de los 400 hectómetros cúbicos no se puede trasvasar. Pero el Gobierno central argumenta que ese veto tenía un periodo de adaptación transitorio, con lo que no será completamente efectivo hasta 2018.
El nuevo trasvase —que el ministerio aprobó hace una semana sin que trascendiera— será de 10 hectómetros, de los que la mayoría serán para abastecimiento de poblaciones de Alicante, Murcia y Almería, según Medio Ambiente. La cantidad de agua ha ido descendiendo mes a mes: en julio se trasvasaron 20 hectómetros y en agosto, 15. Murcia ha lamentado esta reducción al ser una “mala noticia” para sus regantes, aunque dice ser consciente “de la situación de los embalses de cabecera”.
El cambio de Gobierno en Castilla-La Mancha ha reabierto la pugna. Al margen del recorrido legal de los pleitos, se está gestando un problema político. Si el PSOE vuelve a La Moncloa tras las elecciones de diciembre, se encontrará con la oposición de García-Page al acuerdo de 2013 sobre el trasvase. Y reabrir este asunto es resolver un puzle de intereses enfrentados entre autonomías
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