El fiscal reclama 17 años para el empresario Enrique Ortiz, implicado también en Gürtel
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 16 años de prisión para el expresidente del PP provincial y de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll por el denominado caso Brugal, en el que se enjuiciará un plan para amañar la adjudicación del servicio de basuras de la comarca alicantina de La Vega Baja. En su escrito de conclusiones provisionales, la fiscalía reclama 17 años para cada uno de los siguientes empresarios: Enrique Ortiz —imputado también en el caso Gürtel—, Rafael Gregory y Ángel Fenoll. Para Antonio Fenoll, hijo de este último, reclama una condena de 8 años y cuatro meses.
La titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela dio por cerrados a comienzos de febrero los ocho años de instrucción de esta pieza del llamado caso Brugal. Junto a Ripoll, Ortiz y Fenoll se sentarán en el banquillo, entre otros, la exalcaldesa de Orihuela del PP Mónica Lorente y el exportavoz socialista en la Diputación de Alicante Antonio Amorós. La fiscalía reclama para ellos cuatro años y nueve meses de prisión, respectivamente. Entre los implicados hay empresarios, políticos y técnicos de la Administración.
El escrito de Anticorrupción resalta que “como consecuencia de las torticeras operaciones realizadas por los acusados, ha resultado imposible ejecutar las previsiones del plan zonal”, por lo que “los municipios integrados en esta zona siguen sin tener un sistema integrado para la gestión unificada del tratamiento y eliminación de sus residuos”. El gasto efectivo que ha soportado el Consorcio como consecuencia de los hechos delictivos objeto de acusación asciende a 1.157.305 euros.
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