La estadística, que comprende el periodo 2007-2015, muestra como los juzgados se han ido saturando por el incremento de procedimiento judiciales derivados de ejecuciones hipotecarias, concursos de acreedores y demandas de despidos y Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) presentados desde el estallido de la crisis financiera. La recopilación estadística del Poder Judicial también muestra como en el último año esta tendencia se ha ralentizado conforme mejoraba el clima económico y la presión social que ha provocado que algunas administraciones públicas establezcan procesos más garantistas para los ciudadanos afectados. También ha sido decisivo para el descenso de las ejecuciones hipotecarias la sentencia de la UE que tumbaba las cláusulas abusivas de los bancos que favorecían estos procedimientos.
El número de lanzamientos practicados --el último paso previo a ejecutar un desahucio-- durante el año pasado ascendió a 67.359, lo que supone un descenso del 1,1% respecto a los 68.091 de 2014, según los datos difundidos este viernes por el Consejo General del Poder Judicial a través del informe "Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales".
Nuevas medidas para evitar que las personas que puedan caer en riesgo de exclusión sean desahuciadas. Los jueces comunicarán a los servicios sociales los lanzamientos en situaciones de vulnerabilidad e incluso podrán suspender sus veredictos, según han firmado este martes en un convenio la Junta, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). "Esto permite abordar de forma coordinada el drama social que suponen los desahucios y la detección pronta de los que supongan problemas de riesgo de exclusión para poder actuar con tiempo", ha apuntado el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez tras la firma del convenio en el Palacio de San Telmo, en Sevilla, a la que ha asistido la presidenta de la Junta, Susana Día
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