La imputación de 20 cargos provoca un terremoto en la Junta de Andalucía

El calendario de declaraciones se inicia en 20 días con el exinterventor generalJavier Martín-Arroyo / Lourdes Lucio Sevilla 6 JUL 2013 - 21:00 CET152 

Manifestación de trabajadores de Cárnicas Hijos de Andrés Molina en Jaén. / Andrés Pedrosa  

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El terremoto que ha sufrido la Junta de Andalucía esta semana con la imputación de 20 altos y ex altos cargos puede tener nuevas sacudidas para sus dirigentes. Y si los temblores llegan, lo peor para el Gobierno autónomo es que serán probablemente de mayor intensidad. El pronóstico judicial es compartido por todos los alayólogos (expertos en la instrucción de la juez Mercedes Alaya del caso de los ERE) y cualquier conocedor de la gestión a alto nivel de la Administración pública.
Alaya ha puesto en jaque a la Junta con su imputación masiva que afecta al corazón ejecutivo de tres consejerías. Y su tesis está clara: todo cargo en la cúpula de la Junta que tuvo relación directa o conocimiento del fondo de los ERE y colaboró de alguna forma a su continuidad durante una década (2001-2010), tiene responsabilidad penal. Por eso es muy probable que los cargos imputados se multipliquen, también en dirección a la cúpula del Ejecutivo.

Es muy probable que Alaya apunte ahora a la cúpula del Gobierno andaluz

La argumentación de Alaya para las nuevas imputaciones ha sido muy escueta, pero para acusar a la exministra Magdalena Álvarez, esgrime dos motivos. Por un lado sostiene que “corresponde al consejero de Hacienda velar por la ejecución del presupuesto y por los derechos económicos de la Hacienda de la comunidad”. Por otro, afirma que Álvarez “fue la persona que dictó las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación (fórmula para pagar los ERE con menor control de la Intervención que las subvenciones excepcionales, utilizadas antes de 2001)”.
Álvarez, vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, fue consejera andaluza de Hacienda entre 1994 y 2004. Y su sucesor al frente de dicha consejería fue José Antonio Griñán, actual presidente de la Junta de Andalucía. Durante el mandato de este en Hacienda (2004-2009) las transferencias de financiación continuaron al igual que los desfases y las ampliaciones presupuestarias. Sin embargo, el factor añadido que la juez considera clave es que su departamento ignorara los informes de la Intervención General que durante cinco años se repitieron con alertas significativas sobre la opacidad del sistema de pagos. Griñán ha negado haber accedido a los informes, pero sí los recibió la actual consejera de Hacienda y exviceconsejera Carmen Martínez Aguayo, a la que supuestamente informó también de manera verbal el ex interventor general Manuel Gómez, según declaró su número dos Teresa Arrieta ante la Guardia Civil.