El Ejecutivo celebra su último Consejo de Ministros del verano, fecha máxima fijada por JusticiSantamaria evita hablar de retirada pero lo apunta al decir que buscan un consenso "no sencillo"Cronología de una ley fallida La ley más veces paralizada de la legislaturaLos puntos polémicos de la ley del abortoÉ Madrid 19 SEP 2014 - 18:09 CEST
Nadie en el Gobierno quiere pronunciar en público una palabra sobre la ley del aborto que implicaría un gran coste político en el sector de la derecha: retirada. Sin embargo, Soraya Sáenz de Santamaría, sin llegar a hablar de ella, se acercó bastante ayer, más que nunca, cuando señaló que esa ley trata un tema “muy sensible” y que no se puede aprobar sin “un consenso que no es sencillo”.
Es casi imposible, porque prácticamente todos los demás grupos políticos la rechazan, y el Gobierno ni siquiera está buscando ese consenso: hace meses que no se reúne con nadie por este asunto y la ley está lista y bloqueada en La Moncloa. Por tanto, parece abocada a dormir en un cajón hasta que ya no quede tiempo para aprobarla en las Cortes.
Sáenz de Santamaría fue más explícita que otras veces, aunque no aclaró si la ley está ya definitivamente muerta o habrá un último intento. “Es una ley complicada, de gran sensibilidad social. Desde el principio se quiso trabajar por un consenso, que no es sencillo. Es el encargo que tenemos y estamos trabajando en ello. Se harán todos los esfuerzos”. “¿Y sin consenso no saldrá?”, fue preguntada. “Ese consenso es importante. El ministro de Justicia tiene el mandato de trabajar por el consenso en todos los ámbitos y todos seguiremos trabajando y ayudando”.
Sáenz de Santamaría no quiso hablar sobre el futuro del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ni sobre la posibilidad de que dimita al quedar desautorizado. El ministro garantizó públicamente el pasado julio que la ley saldría del Consejo de Ministros “antes de que acabe el verano, en septiembre”. El verano se acaba el martes y el próximo consejo ordinario será ya en otoño. Este viernes era el último día políticamente viable para poder aprobar la norma en 2014. Si no, se va a 2015, año electoral, lo que la hace inviable ante el coste político que tendría a pocos meses de las autonómicas y municipales.
Ahora, el futuro de Gallardón está en el aire. Su imagen queda tocada y su capacidad de maniobra política también. Tiene que decidir si agota la legislatura —es poco probable que vaya más allá— o dimite ahora. Él mismo dijo a la prensa esta semana que cuando acabaran los trámites
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