ANDALUCIA Irregularidades en las ayudas La Junta de Andalucía dio 138 millones sin control a autónomos

• El 42% de las ayudas entre 2007 y 2010 no se justificaron, según la Cámara de Cuentas

• La Consejería de Economía alega que se hizo por "voluntarismo" en la lucha contra la crisis La Junta admite que se adjudicaban las ayudas sin capacidad para controlarlas

• 
  
  
  Actualizado: 13/12/2014 03:27 Nuevo capítulo de descontrol en las subvenciones de la Junta de Andalucía. A los casos de los ERE, los cursos de formación y las ayudas a empresas, se suma ahora el Plan de Fomento y Consolidación del Trabajo Autónomo, que repartió 356,7 millones de euros en subvenciones entre 2007 y 2010.
• La Cámara de Cuentas de Andalucía reveló ayer un informe que señala que el 42% de los pagos materializados -más de 138,5 millones de euros- siguen pendientes de justificar y con el plazo vencido. En la mayoría de estos casos, los beneficiarios sí han presentado las facturas. Como en la rama de cursos de formación, la responsabilidad de que no se hayan verificado esas justificaciones corresponde mayoritariamente a la Junta de Andalucía, que ayer admitió su incapacidad para abordar estos procedimientos porque su«voluntarismo» excedía al personal y los medios existentes.
  La Cámara de Cuentas advierte de que se ha producido «falta de coordinación, seguimiento y control, así como de continuidad en la gestión de las ayudas concedidas». Pero ese desbordamiento de la Administración a la hora de gestionar las subvenciones no es el problema más grave. La auditoría alerta además de la imposibilidad de comprobar si ese gasto ha servido efectivamente para favorecer el emprendimiento en la comunidad. Según el informe, «la ausencia de mecanismos adecuados de evaluación impide medir el impacto de las acciones contempladas en el plan y el cumplimiento de los objetivos previstos».
  En este sentido, destaca que el programa se promulgó sin una previsión de la financiación destinada a su ejecución, sin medir el escenario de partida o diagnóstico de la situación en Andalucía cuando se puso en marcha, y sin unos indicadores de seguimiento necesarios para evaluar el impacto de sus medidas.
  «No hay constancia documental de que se hayan elaborado informes de seguimiento y evaluación del mismo, así como indicadores o estadísticas específicas sobre su impacto» por parte de cualquier órgano público, entidad o grupo de trabajo correspondientes a los acuerdos de Concertación Social intervinientes en el mismo. En esos pactos participaban la Junta, la Confederación de Empresarios de Andalucía y los sindicatos UGT y CCOO.