El Parlamento ucranio acaba de respaldar el plan para desbloquear la crisis por 386 votos a favor. ¿Acepta o no el Maidán (los manifestantes que desde noviembre mantienen en jaque al régimen ucraniano) la promesa del jefe del Estado Víctor Yanukóvich de convocar unas elecciones presidenciales anticipadas y el retorno a la constitución de 2004, que recortaría los poderes del jefe del Estado en beneficio del parlamento?
Esta es la cuestión central de la jornada del viernes, cuyo desenlace depende de los detalles del acuerdo conseguido de madrugada tras una larga noche de negociación entre el presidente y los líderes de la oposición arropados por los embajadores de los países de la UE y el representante especial de Rusia, Vladímir Lukin.
Las primeras señales son que el acuerdo no es convincente para el Maidán, que pide el cese incondicional, e incluso el arresto y la cabeza de Yanukóvich.
En un comunicado oficial difundido esta mañana en su página de web, el presidente confirmó los puntos conceptuales del acuerdo sobre “la regulación de la crisis política en Ucrania”, que, para convertirse en algo real, tiene que ser refrendado por el parlamento, pero, sobre todo, aceptado por el Maidán y también por las regiones que son la base del poder de Yanukóvich, las zonas industriales rusoparlantes del Este de Ucrania y Crimea.
Para convocar unas elecciones anticipadas del presidente se requieren tres meses (desde el momento en que el presidente comparece ante la cámara a anunciar que renuncia a sus competencias). Las elecciones presidenciales regulares deberían celebrarse el próximo enero. Así que es difícil pensar que el Maidán se contente con declaraciones vagas y vaya a aceptar unos comicios que apenas recorten el mandato presidencial, y todo eso después de que los ánimos, ya de por sí caldeados, se hayan envenenado todavía más tras producirse decenas de muertos, e incluso “centenares”, como decía esta mañana desde la tribuna del parlamento Inna Bogoslóvskaya, una diputada que abandonó el grupo parlamentario del Partido de las Regiones (PR), la fuerza política del gobierno.
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