Las críticas por la gestión del presidente Santos arrecian mientras el número de deportados desde Venezuela se aproxima a los 1.000 . Bogotá 25 AGO 2015 - 20:13 CEST
La crisis abierta por el presidente venezolano, Nicolás Maduro,
al decretar el estado de excepción y cerrar parte de la frontera con
Colombia se ha vuelto un problema político para su homólogo Juan Manuel
Santos. Su decisión de apostar por la vía diplomática y el diálogo le ha
comenzado a generar críticas internas, entre los que le reclaman más
firmeza ante las provocaciones del líder venezolano y una mayor
presencia institucional del Estado en la frontera, donde ayer ya habían
llegado cerca de 1.000 personas entre deportadas y repatriadas.
El Gobierno colombiano no parece haber calibrado la imprevisibilidad
de Maduro. El presidente venezolano decidió el pasado miércoles cerrar parte de la frontera durante 72 horas,
después de que tres militares venezolanos resultaran heridos en un
incidente en San Antonio del Táchira, atribuido por el Gobierno de
Caracas a paramilitares colombianos y contrabandistas. Bogotá criticó la
medida, pero sin levantar demasiado la voz; lo asumió como algo
pasajero, como otro intento más de Maduro por buscar un enemigo externo
para desviar la atención ante la crisis económica e institucional que
vive el país.
Lejos de apaciguarse, la situación ha empeorado desde que el viernes el mandatario venezolano decretase el estado de excepción,
suspendiese las garantías constitucionales en cinco municipios
fronterizos –el lunes lo amplío a un sexto- y haya vaticinado un
“proceso duro y largo” para reabrir la frontera. Con cerca de 1.000
personas deportadas y repatriadas, caso de los menores de edad, al
Gobierno colombiano no le ha quedado más remedio que empezar a hablar de
“crisis humanitaria”.
La cauta postura de Santos, sin embargo, le ha terminado por generar
críticas dentro de Colombia. Diversos sectores, encabezados por la
oposición del expresidente y senador Álvaro Uribe, le reclaman mayor firmeza ante las declaraciones de Maduro y una mayor presencia institucional en la frontera.
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