Narcís Serra, a la izquierda, y Adolf Todó. / MARCEL·LÍ SÀENZ Recomendar en Facebook 363 Twittear 208 Enviar a LinkedIn 1 Enviar a Tuenti Enviar a Menéame Enviar a Eskup Enviar Imprimir Guardar El titular del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona ha imputado a las 54 personas que gobernaban Caixa Catalunya en 2010, incluidos el entonces presidente Narcís Serra, y el director general, Adolf Todó por un presunto delito de administración desleal. El juez considera que hay indicios suficientes en la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción para citar al último Consejo de Administración de la antigua caja de ahorros. Esta se motivaba en los incrementos salariales a pesar de la “situación crítica” en la que se hallaba la entidad. Serra, por ejemplo, recibió más de un millón de euros entre 2007 y 2010. Todó cobró cuatro millones mientras estuvo en la caja. En el auto, el juez Josep Maria Pijuan, que también está investigando la presunta trama de corrupción en torno al Palau de la Música Catalana, llama a declarar “en calidad de imputados” a Serra y Todó el próximo 21 de octubre. Los 52 miembros restantes del Consejo de Administración serán interrogados en cinco sesiones los días 21 y 30 de octubre y 4, 5 y 11 de noviembre. Las citaciones se produjeron ayer, después de que el juez decidiera admitir a trámite la denuncia del fiscal por la asignación de “sueldos desproporcionados”.

Ningún directivo asume su culpa en la comisión que investiga el fiasco de Caixa Catalunya La quiebra de la entidad ha costado 12.000 millones al contribuyenteClara Blanchar Barcelona 4 AGO 2013 - 00:05 CET

 

Loza (izquierda) y Serra Ramoneda salen de la comisión. / Albert García

Nadie tiene la culpa. Y si la hay, se la echan a su antecesor en el cargo. Someramente, es lo que han dado de sí las cuatro primeras sesiones de la comisión del parlamento de Cataluña que investiga el derrumbe de las cajas catalanas y el perjuicio causado a los ciudadanos que compraron preferentes o han sido desahuciados. Hasta ahora se ha centrado en Catalunya Banc, la antigua Caixa Catalunya. Hoy nacionalizada, suma 12.000 millones euros de inyecciones públicas y afronta el despido de 3.000 empleados y el tercer intento de venta. Han comparecido cuatro expresidentes, un director general, los sindicatos. Nadie asume nada. Ni siquiera su accionista mayoritario, el Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB), sobre las dos subastas fallidas.

 Todo el mundo lo hacía y se ganaba mucho dinero, acaba saliendo de la boca de los comparecientes. Ya se hable de comprar la aseguradora MNA en 1995, —una pesadilla que ha acabado costando entre 210 y 300 millones—; de invertir en ladrillo hasta con promociones en Polonia sin valorar el riesgo —la justificación es que durante años dio grandes beneficios—; de abrir oficinas por toda España sin estudiar su viabilidad; de emitir preferentes desde las islas Caimán —porque así lo establecía el Banco de España—; de dar hipotecas a 40 años a mileuristas —¿quién iba