DESCARGABLE Auto de la juez Mercedes Alaya sobre la supuesta implicación de aforados en el caso ERE 19 DIC 2013 - 14:18 CET
Los expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. / A - 9 / 4 / 2014)
Del despacho de la juez Mercedes Alaya han salido hoy las tres noticias protagonistas de la actualidad andaluza: tras enviar a prisión de madrugada a tres de los cinco detenidos en la Operación Madeja acusados de sobornos, la Guardia Civil acordonó y registró la sede del sindicato UGT bajo su supervisión y difundió un auto en el que señala de nuevo a la anterior cúpula del Gobierno andaluz. Todo en 24 horas frenéticas.
La magistrada ha vuelto a señalar a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como a cinco exconsejeros socialistas, por su supuesta participación en el fraude de los ERE. Hace una semana la Audiencia de Sevilla tumbó por falta de motivación el primer auto en el que Alaya comunicó a estos siete cargos aforados que tenía indicios de delito contra ellos, en una especie de “preimputación”, según definió la Audiencia. Alaya ha respondido a los jueces en un auto de 28 páginas para precisar en qué consisten sus sospechas, al amparo del artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya que como instructora no puede imputar a cargos aforados.
Alaya considera que la cúpula del Ejecutivo autónomo conoció y participó en la elaboración del sistema de ayudas sociolaborales que mantuvo la Junta entre 2000 y 2010 y que considera ilegal, un proceso que tilda de “inidóneo”. Alaya afirma que las transferencias de financiación, el instrumento presupuestario para pagar el fondo de los ERE, que ascendió a 700 millones en una década, no se podían utilizar para abonar las ayudas a extrabajadores y empresas. Esta figura permitía dar el dinero de las ayudas de forma ágil, pero sorteaba los controles de la Intervención de la Junta.
Alaya considera que el procedimiento instaurado fue fruto de una decisión política de la que eran conocedores los expresidentes Griñán, Chaves y los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, Manuel Recio, José Antonio Viera y Francisco Vallejo, aforados en Cortes o en el Parlamento andaluz. Y la juez subraya que explica su tesis “a modo de descripción, sin efectuar el menor juicio de inferencia (...) De forma absolutamente descriptiva y aséptica”.
La magistrada se remonta al inicio del sistema por el que en 2000 el Ejecutivo autónomo sustituyó las subvenciones excepcionales por las ayudas sociolaborales. Y se apoya en el informe de los auditores de la Cámara de Cuentas que cuestionaba el “uso inadecuado” de las transferencias de financiación por contravenir la Ley General de Hacienda Pública de Andalucía y la Ley General de Subvenciones.
La magistrada ha vuelto a señalar a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como a cinco exconsejeros socialistas, por su supuesta participación en el fraude de los ERE. Hace una semana la Audiencia de Sevilla tumbó por falta de motivación el primer auto en el que Alaya comunicó a estos siete cargos aforados que tenía indicios de delito contra ellos, en una especie de “preimputación”, según definió la Audiencia. Alaya ha respondido a los jueces en un auto de 28 páginas para precisar en qué consisten sus sospechas, al amparo del artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya que como instructora no puede imputar a cargos aforados.
Alaya considera que la cúpula del Ejecutivo autónomo conoció y participó en la elaboración del sistema de ayudas sociolaborales que mantuvo la Junta entre 2000 y 2010 y que considera ilegal, un proceso que tilda de “inidóneo”. Alaya afirma que las transferencias de financiación, el instrumento presupuestario para pagar el fondo de los ERE, que ascendió a 700 millones en una década, no se podían utilizar para abonar las ayudas a extrabajadores y empresas. Esta figura permitía dar el dinero de las ayudas de forma ágil, pero sorteaba los controles de la Intervención de la Junta.
Alaya considera que el procedimiento instaurado fue fruto de una decisión política de la que eran conocedores los expresidentes Griñán, Chaves y los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, Manuel Recio, José Antonio Viera y Francisco Vallejo, aforados en Cortes o en el Parlamento andaluz. Y la juez subraya que explica su tesis “a modo de descripción, sin efectuar el menor juicio de inferencia (...) De forma absolutamente descriptiva y aséptica”.
La magistrada se remonta al inicio del sistema por el que en 2000 el Ejecutivo autónomo sustituyó las subvenciones excepcionales por las ayudas sociolaborales. Y se apoya en el informe de los auditores de la Cámara de Cuentas que cuestionaba el “uso inadecuado” de las transferencias de financiación por contravenir la Ley General de Hacienda Pública de Andalucía y la Ley General de Subvenciones.
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