Han transcurrido 27 años desde la declaración del
Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, una joya geológica justo en la esquina sureste de la península ibérica con 37.000 hectáreas terrestres y 12.000 marinas. La apoteósica fricción entre las placas tectónicas africana y europea acaecida entre hace seis y 15 millones de años provocó una erupción volcánica submarina que escupió la extraordinaria serranía que descansa junto al
Mediterráneo y que acapara a los municipios de Almería, Níjar y Carboneras. Que no esté alicatada es solo una cuestión del destino: Almería, una provincia secularmente pobre y fondo de saco —sin buenas comunicaciones—, no despertó interés a los inversores que, en los años setenta, apostaron por otras zonas del litoral andaluz.
Pero todo cambió a partir de la firme decisión de la Junta de Andalucía por declarar este territorio reserva natural. El relato periodístico de estos 27 años ha narrado una fricción que se antoja mucho más explosiva que la acaecida hace millones de años entre placas tectónicas. Es el relato protagonizado por quienes han luchado por desligar el pretexto económico de este espacio y por quienes defienden el derecho a un desarrollo empresarial cuyo límite de sostenibilidad está
siempre puesto en tela de juicio.
La permanente pugna entre conservacionistas e inversores en torno a Cabo de Gata-Níjar ha tenido su máxima exposición pública con el macrohotel que la mercantil Azata del Sol empezó a construir en 2003 en el paraje de
El Algarrobico, en Carboneras. Sobre uno de los aspectos fundamentales del caso, la legalidad de la licencia de obras, fallará en los próximos días el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Pero hay otros muchos
Algarrobicos, a menor escala, en espera del pronunciamiento de la Justicia. Uno de esos casos es el del
hotel de 50 habitaciones Campillo de Gata que la empresa Círculo Agroambiental quiere levantar en la loma de Las Salinas, corazón del parque. La mercantil obtuvo en 2000 la respectiva licencia de obras por parte del Ayuntamiento de Níjar, pese a que la Junta informó negativamente. “El Ayuntamiento aprovechó el silencio administrativo. La Junta lo llevó a los tribunales y estos dieron la razón a los propietarios”, explica Enrique Ruiz, presidente de
Amigos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, colectivo integrado en Ecologistas en Acción. En 2009 la empresa inició el movimiento de tierras que fue paralizado por la Junta con un expediente administrativo sancionador por no contar con autorización ambiental. La empresa llevó a la administración a los tribunales por un supuesto delito de prevaricación. Mientras un juzgado de lo penal se pronuncia sobre este caso, los ecologistas han elevado una queja a la Comisión Europea en aras a decretar “la inviabilidad ambiental” del proyecto.
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