sábado, 1 de noviembre de 2014

Una juez argentina ordena detener a Utrera Molina y 20 cargos franquistas. Un caso más de los crímenes de Argentina.

La magistrada pide a España su extradición a Buenos Aires para interrogarles.La matanza de Vitoria, un coletazo del franquismo que aceleró su final 31 OCT 2014 - 22:04 CET

Protestas en el primer aniversario de la matanza de Vitoria. / EFE
EnviarImprimirGuardLa decisión de la juez argentina María Servini de Cubría de solicitar la extradición del exministro Rodolfo Martín Villa por la matanza del 3 de marzo de Vitoria ha devuelto a la actualidad uno de los sucesos del tardofranquismo que, en opinión de los historiadores, aceleró el final de la dictadura. Junto a Martín Villa, la magistrada también ha pedido a España que le permita interrogar en Buenos Aires a otro ministro del régimen: José Utrera Molina, suegro del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, y otros 18 cargos franquistas.
La juez pide la detención de Martín Villa por "la represión de la concentración de trabajadores en Vitoria el 3 de marzo de 1976 en la que fueron asesinados Pedro Martínez Ocio, Francisco Aznar Clemente, Romualdo Barroso Chaparro, José Castillo García y Bienvenido Pereda Moral, y en la que hubo más de cien heridos, muchos de ellos por armas de fuego". La policía cargó contra una asamblea de trabajadores en una iglesia de Vitoria. Los hechos que investiga la juez Servini se produjeron varios meses después de la muerte de Franco y pocas semanas antes del nacimiento de EL PAÍS.
Al cumplirse el año de la muerte de cinco obreros durante una jornada de huelga general en Vitoria, un multitudinario funeral y concentraciones en la capital alavesa revivieron la tensión de un episodio que, según los expertos, aceleró el final definitivo del régimen franquista. Esta es la crónica publicada en el periódico el 4 de marzo de 1977.
Rodolfo Martín Villa (izquierda) y José Utrera La lista de cargos franquistas que la juez pide que sean detenidos y extraditados a Argentina para que pueda interrogarlos en la causa abierta por crímenes de lesa humanidad es la siguiente:
Antonio Carro Martínez. Ministro de la presidencia entre 1974 y 1975. La juez le imputa por "haber convalidado con su firma la sentencia de muerte por garrote vil de Salvador Puig Antich y la de losúltimos fusilamientos del régimen franquista  el 27 de septiembre de 1.975". Las ejecuciones se llevaron a cabo en Madrid, Barcelona y Burgos. Los ejecutados fueron José Humberto Baena Alonso, José Luís Sánchez Bravo Sollas, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot, y Ángel Otaegui Echeverría. Licino de la Fuente y Antonio Barrera de Irimo. También les imputa por haber convalidado con su firma la sentencia de muerte por garrote vil de Salvador Puig Antich. El primero fue ministro de Trabajo entre 1969 y 1975. El segundo fue ministro de Hacienda entre 1973 y 1974. José María Sánchez Ventura Pascual. La juez le imputa por "haber firmado las sentencias de muerte de los últimos fusilamientos del régimen franquista el 27 de septiembre de 1.975". Era ministro de Justicia.
Alfonso Osorio y Jesús Quintana. La juez pide su detención por su "responsabilidad" en la conocida como matanza de Vitoria, el  3 de marzo de 1976, en la que murieron los trabajadores Pedro María Martínez Ocio, de 27 años; Francisco Aznar Clemente, de 17; Romualdo Barroso Chaparro, de 19; José Castillo García, de 32 y Bienvenido Pereda Moral, de 30.
Fernando Suárez y Jesús Cejas Mohedano. Les imputa "por haber convalidado con su firma las sentencias de muerte de José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz; Juan Paredes y Ángel Otaegui Etxebarria, fusilados el 27 de septiembre de 1975".
Antonio Troncoso de Castro. La juez le imputa por "tentativa de homicidio". Fue vocal suplente del Consejo de guerra Sumarísimo 31/69 (Proceso de Burgos, diciembre de 1970) y "de muchos de los consejos de guerra y causas militares organizados contra luchadores antifranquistas desde 1963 hasta el final de la dictadura", dice el auto.

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