El Ministerio de Sanidad pregunta por primera vez si se ha dejado de tomar un fármaco recetado por el médico por ser caro. 9 MAY 2015 - 00:01 CEST “O como o tomo las pastillas, me dijo mi paciente”
El proceso no es transparente, los criterios de coste-efectividad no se tienen en cuenta y la mayor competencia en precios solo ha beneficiado a las farmacias y no al consumidor. Son algunas de las conclusiones de un duro informe de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) sobre el sistema de fijación de precios de los medicamentos en España. La CNMC critica la forma en la que los fármacos se incluyen en la financiación pública. Habla incluso de la "excesiva discrecionalidad" del proceso.
El informe de la CNMC analiza el Proyecto de Real Decreto Legislativo (PRDL) que prepara el Gobierno para recoger en un único texto todas las modificaciones legales que se han hecho en los últimos años en la ley del medicamento. Entre otras cosas, se ha traspuesto normativa comunitaria y se han aprobado medidas de "racionalización del gasto farmacéutico".
La reforma sanitaria que puso en marcha el Gobierno en 2012 cambió el sistema de pago de los medicamentos y excluyó más de 400 de la financiación pública (el llamado medicamentazo) para tratar de reducir la factura farmacéutica. Por primera vez, los pensionistas empezaron a pagar un 10% de su coste y se modificaron las aportaciones del resto de ciudadanos en función de su renta.
Los expertos en salud pública y economía de la salud llevan desde entonces reclamando un estudio del impacto de la reforma. “Que sepamos, no se ha evaluado la reforma”, señala Juan Oliva, expresidente de la Asociación de Economía de la Salud. “No sabemos si esos fármacos que se dejan de tomar son para dolencias leves o enfermedades crónicas o cómo está afectando a las personas con las rentas más bajas”, añade. El Ministerio de Sanidad reconoce carecer de una evaluación, y asegura que la pregunta en el barómetro no tiene ese objetivo, sino responder a una propuesta que hizo la OCDE a sus miembros en 2005. “Ocho países ya lo han preguntado a sus ciudadanos y salen datos similares a los de España”, añade.
No hay comentarios:
Publicar un comentario