martes, 12 de noviembre de 2013

El fiscal mantiene la petición de siete meses de cárcel a Sánchez Gordillo

Cañamero y Gordillo, junto a otros, leen un ejemplar de EL MUNDO. M. Rodríguez
TRIBUNALES El diputado andaluz 'ocupó' la finca militar Las Turquillas

  JOSÉ A. CANO Granada
El Abogado del Estado también mantiene la petición de pide dos años para el diputado andaluz por delitos de daños, desobediencia y usurpación
Sánchez Gordillo evita asistir al juicio por ocupar una finca militar Concentración de apoyo a los jornaleros
El diputado andaluz de IU y alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo, y el secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, convirtieron ayer el juicio por la ocupación de la finca militar Las Turquillas en un mitin a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que les iba a juzgar. Ninguno de los dos entró en la sala de vistas, a cuyo frente estaba el propio presidente del alto tribunal, Lorenzo del Río. De hecho, de los 54 acusados solo comparecieron tres. Sánchez Gordillo, Cañamero y el resto de imputados se quedaron fuera “en señal de protesta”. Pasaron la mañana ensalzando la lucha obrera y lanzando críticas al Gobierno y al capitalismo mientras dentro se celebraba la vista oral, con el ruido de fondo de los discursos y vítores de más de un centenar de simpatizantes y militantes del sindicato.
Los acusados niegan que desobedecieran la orden de desalojo
El tribunal juzga la ocupación de esta yeguada militar, ubicada en Osuna (Sevilla) y propiedad del Ministerio de Defensa, entre los días 24 de julio y 9 de agosto de 2012 por unos 500 jornaleros comandados por Sánchez Gordillo y Cañamero. El fiscal pide para ellos y para otros dos acusados siete meses de cárcel por desobediencia grave, pena que el abogado del Estado eleva a dos años. Además, el fiscal solicita también el pago de una multa de 1.200 euros por el delito de usurpación de la finca y 100 euros de multa por una falta de daños. Pide igualmente que todos los acusados paguen una indemnización de 1.075 euros a Defensa y de 337 al Ayuntamiento de Osuna por daños ocasionados en la ocupación.

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