Un cúmulo de errores judiciales permitieron a una minúscula empresa española hacerse con el aeropuerto manchego por 10.000 euros y la promesa de una inversión china, Ciudad Real 24 JUL 2015 - 08:45 CEST
En la sala del juzgado había periodistas, acreedores, empresarios y un solo ofertante con varios abogados. “De acuerdo, 10 millones de euros”, dijo la secretaria judicial. Y entonces se formó un barullo. En realidad, José Manuel González Porro, el hombre detrás de Tzaneen —la empresa que supuestamente cuenta con fondos chinos para comprar el aeropuerto de Ciudad Real y convertirlo en una puerta de entrada de mercaderías asiáticas— acababa de ofertar 10.000 euros y no diez millones. Según los presentes, los administradores concursales, que llevaban cinco años trabajando en este caso, se quedaron blancos. Era el penúltimo capítulo de una esperpéntica historia que comenzó ocho años antes con la construcción de un aeropuerto que iba a generar el 8,5% del PIB de Castilla la Mancha y que terminó mirando al cielo en busca de aviones.
Pero, ¿cómo se llegó a esta extraña situación? Tras cinco años en concurso de acreedores y una decena de ofertas fallidas, los administradores convocaron una subasta sin precio mínimo y con un aval de dos millones de euros obligatorio para vender un aeropuerto privado prácticamente a estrenar y sin deuda. El 18 de junio, el día antes, el secretario judicial suspendió la puja por considerar que en el último momento se había incluido una opción de compra preferencial de los terrenos colindantes (la venta solo se refería a las 520 hectáreas de la pista, la terminal, la torre de control y el aparcamiento) que alteraba las bases. De las tres ofertas que se disponían a pujar, solo una depositó su aval. "Fue una maniobra para ganar tiempo", asegura un implicado directo en el caso. Y ahí comienza el lío.
El secretario judicial fue imputado por prevaricación —tras demandarle Tzaneen— y el juez decidió al cabo de un mes que la suspensión de la subasta no era legal. Pero cuando la volvió a convocar para el día 17 de julio, solo permitió participar a la empresa que hubiera depositado el aval. Así que Tzaneen —o sea, González Porro— se encontró sola y ofreció los famosos 10.000 euros. Aunque si hubiera querido, podría haber puesto sobre la mesa un solo céntimo.