La policía culpa a la Junta andaluza del amaño en Aznalcóllar, el juego de los políticos Andaluces.

Los agentes censuran que los técnicos de la convocatoria minera perjudicaron a una firma

• La Unesco pide garantías antes de abrir la mina Sevilla 1 JUL 2015 - 23:27 CEST
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• La policía acusa a la Junta de Andalucía de amañar el concurso para conceder la mina de Aznalcóllar (Sevilla) y vulnerar el procedimiento que fija la ley. Tras un mes de pesquisas, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha finalizado su investigación por fraude y prevaricación con 15 detenidos entre altos cargos del Ejecutivo, técnicos y los dos empresarios ganadores de la convocatoria. La juez Patricia Fernández, tras censurar que el concurso careció del “más mínimo rigor”, debe ahora mover ficha.
  La policía considera que en el concurso para la mina de Aznalcóllar la Junta andaluza alteró los criterios establecidos en la Ley de Minas para difuminar su concreción y así poder aplicar la discrecionalidad y elegir un ganador predeterminado. Las empresas Minorbis-Grupo México se alzaron con el concurso el pasado febrero y a continuación la firma perdedora Emerita denunció en los juzgados el supuesto amaño de la convocatoria pública, lo que desembocó en la investigación policial que acaba de concluir. Durante las pesquisas, ha prestado declaración la directora general de Minas, María José Asensio, además de los técnicos que intervinieron en el concurso y los dos empresarios ganadores de Minorbis.
  El estallido de este caso coincidió con las negociaciones para la investidura de la presidenta Susana Díaz, ya de por sí alambicadas. Ante las sospechas y para asegurar la transparencia, Díaz suspendió la adjudicación hasta que la instrucción ofrezca resultados.
• La Junta ha defendido la legalidad del concurso, y tras un informe favorable de sus servicios jurídicos, ahora el Ejecutivo ha cerrado la vía administrativa al rechazar el recurso de alzada de Emerita, a la que acusa de basarse en “meros juicios de valor”. “No se vulneró ningún derecho de la compañía, ni se halló ilegalidad en la resolución del concurso”, concluye el Gobierno.