viernes, 31 de octubre de 2014

El Ayuntamiento traslada a la fiscalía los contratos de pisos turísticos ilegales Hacienda investigará los 170 apartamentos de uso turístico sin licencia de la Barceloneta Trias investiga si 1.211 pisos de la Barceloneta son de uso turístico

“Se vende Barceloneta, precio: al mejor postor”, se leía en los pasquines de los vecinos que se manifestaron por el barrio. / ALBERT GARCÍA 30 OCT 2014 - 


El Ayuntamiento de Barcelona ha trasladado a la Fiscalía los datos de ocho apartamentos turísticos ilegales de la Barceloneta donde se hacía firmar a los huéspedes contratos fraudulentos, según informó este miércoles la concejal del distrito de Ciutat Vella, Mercè Homs. El Consistorio considera que se trata de estafas, ya que los documentos mostraban direcciones diferentes a las de la vivienda alquilada o estancias mucho mayores a las reales.
Estos ocho pisos de uso turístico se encuentran entre los 170 detectados durante la campaña de inspecciones que el Ayuntamiento puso en marcha tras las protestas de los vecinos este verano, cuyos resultados avanzó el pasado lunes EL PAÍS. De estos, 161 acataron la orden de cese de la actividad y otros nueve tuvieron que ser precintados. Homs anunció que el saldo de 178 expedientes abiertos a este tipo de alojamientos —algunos se empezaron antes de las inspecciones— serán trasladados a la Agencia Tributaria para que los investigue. Las autoridades han propuesto para ellos la sanción mínima: 9.000 euros.
El Ayuntamiento de Barcelona no ha podido determinar, por ahora, si el 14% de las viviendas de la Barceloneta se utiliza comoapartamento turístico ilegal. Los tres equipos —formados, cada uno, por un inspector y un agente de la Guardia Urbana— han terminado de peinar el barrio esta semana. Pero su labor no ha acabado. Siguen sin poder descartar que 1.211 de los 8.686 pisos que hay en la zona se destinen a esta actividad, según los datos presentados el pasado jueves por la concejal del distrito, Mercè Homs, en su reunión con la comisión vecinal y a los que ha accedido EL PAÍS. El consistorio dirigido por Xavier Trias seguirá investigando el uso de esos inmuebles.
La concejal también afirmó que la Administración local envió una amonestación por escrito a 17 portales de internet que ofrecen este tipo de alojamientos. Entre ellos está Airbnb, al que la Generalitat ya puso una multa de 30.000 euros el pasado mes de julio. Según la normativa, cualquier publicidad de apartamentos turísticos debe mostrar el número de inscripción en el Registro de Turismo de Cataluña, 

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