Un único expediente es el que permite a Alhambra, Generalife y Albaicín contar con la declaración de Patrimonio Mundial. La Unesco hizo ese reconocimiento primero al conjunto monumental, en 1984, y 10 años más tarde incorporó al barrio morisco del Albaicín. Imposible entender lo uno sin lo otro, forman parte del paisaje de la ciudad, de la esencia de Granada. Pero sus diferencias son tantas que es difícil entender por qué no existe un plan conjunto de gestión, un documento integrador que fije los criterios de actuación.
Desde luego eso no pasaría hoy si la declaración estuviera por hacer, la Unesco lo exige. Esa carencia, sin embargo, se suple en Granada con el Plan Director de la Alhambra y el Generalife y el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) del Albaicín. Con todo, son dos documentos distintos. El problema es que este último, de 1990, se programó para ocho años y, después de varios intentos en 2010, sigue sin recambio. “El Pepri, además de estar obsoleto, no da realmente una solución socioeconómica al barrio, que tiene muchas limitaciones”, recalca Carlos Mas, gerente de la Agencia Albaicín, un ente de gestión de la Administración local que surge como consecuencia de la declaración. “Lo lógico es que hubiera normas y aprovechamientos económicos comunes”, añade.
La declaración no ha tenido en los dos lugares la misma incidencia, algo que sería lógico por las diferencias entre un monumento cerrado, con más posibilidades de control, y un barrio habitado, un ámbito urbano donde influyen una serie de factores externos que es más difícil de organizar. La cuestión no es que la incidencia haya sido diferente, es que más bien ha tenido consecuencias opuestas, si bien ni uno ni otro ha recibido amenazas reales de peligro por parte del Centro de Patrimonio Mundial.
Así lo ve el presidente del Centro Unesco Andalucía, Ángel Bañuelos, quien destaca que mientras que para la Alhambra la declaración ha atraído “más visitantes y un mayor esfuerzo en la gestión patrimonial”; para el Albaicín ha supuesto “la llegada de fondos europeos utilizados a veces con poca fortuna, el aumento de la especulación inmobiliaria y, con el paso de los años, un menor interés por parte de las Administraciones (menos programas de rehabilitación, menos presupuesto, menos limpieza, menos líneas de autobuses y frecuencias…)”
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