Un juez ordena la ejecución de la sentencia por las pérdidas producidas en el club durante la temporada 2002-2003 Barcelona 20 OCT 2014 - 23:18 CEST
oan Laporta, expresidente del FC Barcelona, y siete de los directivos que le acompañaron en su mandato —Alfons Godall, Joan Boix, Rafael Yuste, Jaume Ferrer, Albert Perrín, Alfons Castro y Josep Cubells— deberán avalar 23.240.810 euros en total, 2,9 millones de euros cada uno, ante la Liga de Fútbol Profesional (LFP). El juez Antonio Nuno de la Rosa solicitó ayer la ejecución de la sentencia, ante la que no cabe recurso, y que fue dictada en su día por el Tribunal Superior de Cataluña.
Si el tribunal falla a favor de Laporta en la acción de responsabilidad social no ejecutará los avales
La cantidad a avalar por los exdirectivos corresponde al 15% del presupuesto que el Barcelona aprobó para la temporada 2006-2007 y que, de acuerdo con la sentencia, debía haber sido satisfecho por la directiva a tenor de las pérdidas acumuladas al final de su primer mandato, que en este caso, convalida ocho días al frente del Barcelona por todo un año fiscal. La situación arranca cuando un juez ordenó a la junta de Laporta convocar elecciones en el verano del 2006 porque entendía que los ocho días que le directiva estuvo en el tramo final de junio de 2003 contabilizaban como un año de mandato, según los estatutos.
Atendiendo a la sentencia de ayer, cada implicado deberá presentar el aval personalizado de 2,9 millones, a expensas de la resolución de la sentencia de la acción de responsabilidad social, que está a la espera de sentencia. En el supuesto que el juez falle a favor de los exdirectivos, no se ejecutaría el aval que Laporta y sus directivos no presentaron en su día por considerar que las pérdidas correspondían al mandato anterior de Joan Gaspart.
La LFP, por su parte, también exoneró al expresidente y a su consejo de presentar el aval mediante documento escrito, pero el Supremo entiende que la Liga no puede tener la última palabra, ya que la presentación de avales en clubes deportivos profesionales, según la Ley del Deporte, es un “deber legal” que debe y puede ser exigido por los tribunales. Las pérdidas acumuladas en su momento ascendían a 63,8 millones de euros de los que deberían responder por algo más de 23,2. Es decir, por el 15% del presupuesto.
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