La juez indaga si el Ayuntamiento favoreció a la trama de los burdeles,

Uno de los empresarios detenidos está tramitando una licencia para una discoteca

• Detenidos dos ‘guardias urbanos’ en una gran redada contra la protistución
• 3 OCT 2014 - 00:15 CEST
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• La investigación sobre la presunta trama de los prostíbulos, en la que están involucrados policías locales y empresarios, apunta en una nueva dirección: el Ayuntamiento de Barcelona. La titular del Juzgado de Instrucción número 10 de la ciudad, Míriam de Rosa, va a indagar si existió trato de favor por parte de responsables municipales hacia los empresarios y sus negocios de ocio nocturno. Así se desprende, al menos, de las conversaciones telefónicas intervenidas por los Mossos d’Esquadra, que deben ser examinadas ahora por la fiscalía.
  Las conversaciones más relevantes fueron mantenidas por uno de los 25 detenidos la semana pasada en la operación policial. Se trata de una suerte de “conseguidor”, según fuentes judiciales, que presumía de contactos en distintos ámbitos de poder. En algunas llamadas, ese conseguidor da a entender que puede lograr que el Consistorio agilice trámites o dé trato preferente a los intereses de los empresarios. Las pesquisas, señalaron las mismas fuentes, apuntan al distrito de Ciutat Vella, responsable de las licencias y las inspecciones a los locales.
  La causa comenzó hace un año a raíz de la denuncia de una trabajadora, quien afirmó que los locales narcotizaban a los clientes para desvalijarles. Está dividida en dos partes. La primera analiza si los detenidos blanquearon dinero procedente de la prostitución ejercida en torno a dos locales de striptease de Barcelona: Night Club y Fuego, ambos precintados por orden judicial. Entre los detenidos hay un cabo y tres agentes de la Guardia Urbana que, presuntamente, actuaban en connivencia de los locales a cambio de dinero. También fueron arrestados dos empresarios: Juan Balcells —propietario de esos negocios— y Carlos Caballero, promotor negocios de la noche y director del Teatro Principal de la Rambla, propiedad de la familia Balañá y reconvertido ahora en discoteca. Los investigadores sospechan que en todos esos locales se ha blanqueado dinero de la prostitución. La segunda parte —en la que está involucrado Caballero, aunque no Balcells— tiene que ver con los presuntos tratos de favor de responsables municipales. La juez ha pedido, en ese sentido, una serie de expedientes administrativos.