La historia de la lucha contra la corrupción política en Baleares no se escribiría igual sin la participación
del juez José Castro y del fiscal
anticorrupción Pedro Horrach, que durante años han impulsado desde un juzgado de Palma de Mallorca investigaciones exitosas que terminaron con sentencias condenatorias por las malas prácticas de numerosos cargos públicos de las islas.
El juez y el fiscal llevan algunos meses enfrentados a cuenta de la imputación de la infanta Cristina en el caso Urdangarin. El magistrado considera que hay indicios suficientes en la causa para imputar a la hija del Rey, mientras que el fiscal lo niega, combatiendo de manera activa esa posibilidad.
El fiscal escribió: “En un Estado de derecho, ante circunstancias idénticas la respuesta judicial debe ser idéntica, de modo que el objeto de la investigación penal sean las personas por su presunta participación en los hechos delictivos y no por su condición (…) no se puede imputar ni castigar a nadie por lo que es, sino por lo que ha hecho”.
Contesta el juez: “En tanto el escrito de referencia va dirigido a mí y se enfatiza lo que parece obvio y, por demás, sabido y compartido por su destinatario, solamente lamentar que el ministerio fiscal sustente un criterio que con la misma falta de rigor podría sustentarse de contrario pero que este instructor ni por asomo insinuaría”. Sugiere el juez Castro que se podría argumentar que el fiscal Horrach rechaza la imputación de doña Cristina por tratarse de un miembro de la familia real. Pero no llega a decirlo.
El juez se defiende así: “Piénsese que si este juzgado en aras a esas expectativas personales de su titular que están por saberse persiguiera a toda costa
la comparecencia de doña Cristina de Borbón, no habría suspendido su convocatoria nada más recurrida la resolución que inicialmente la acordaba, cuya ejecutividad procesal nadie discutía, y no estaría en este momento dilatando la fecha de la nueva citación para posibilitar que, si llegara el caso, sea la Audiencia Provincial la que, con superior criterio al de este juzgado, se pronuncie definitivamente sobre la cuestión asumiendo que, como ya ha acontecido en experiencia anterior, pudiera ser revocada su decisión”.
“Puestos a hablar de tratos discriminatorios”, continúa el juez en su réplica al fiscal, “y a sentirnos vulnerables a las llamadas de atención es obligado detenerse en el propio escrito de alegaciones del Ministerio Fiscal de 17 de diciembre pasado en la parte en que se insta a este juzgado a la “apertura de diligencias previas respecto al responsable del sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda a efectos de determinar las posibles responsabilidades penales y sus autores en relación a la imputación de falsedades en el tratamiento de los datos fiscales de Aizoon y sus socios”.
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