“35% de paro, fracaso escolar y ERE falsos es lo que define a Andalucía”

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• Artur Mas durante el pleno monográfico sobre pobreza. / ALBERT GARCÍA

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  La propuesta del Gobierno catalán para luchar contra la pobreza es la misma que ofrece en casi todos los ámbitos que controla: el proceso soberanista. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, lo ha dejado claro en su intervención en el pleno monográfico sobre pobreza, en la que ha desligado cualquier empeoramiento en los indicadores sobre desigualdades de la acción del Gobierno y de los recortes presupuestarios. Al contrario, Mas ha sacado pecho de las últimas cuentas, asegurando que, porcentualmente, es el que más se dedica a políticas sociales. La conclusión del presidente catalán es que el Ejecutivo hace todo lo que puede: "Se está haciendo bien, aunque no lleguemos a todas las personas ni con la intensidad que en estos momentos haría falta".

  Mas ha encontrado los culpables a la incapacidad del Gobierno para llegar a todas las desigualdades. Primero, ha repetido un argumento que esgrime el Ejecutivo cuando se le reprochan los índices de pobreza: que con el anterior Gobierno tripartito, en un contexto económico mejor, también había pobres: "La situación es dolorosa. No nos esconderemos. Pero no es una situación nueva. Antes de la crisis ya había un 19% de la población en riesgo de pobreza. Tiene que ser un debate, también, sobre la base estructural de pobreza", ha reclamado Mas, quien no ha desaprovechado la oportunidad para lanzar una crítica al Ejecutivo que gobernó en 2010: "Nos gastamos más dinero en piedras y equipamientos".

  El segundo responsable de la situación catalana es un habitual de cada debate parlamentario. "Madrid", o lo que es lo mismo, el Gobierno del Estado. El presidente catalán ha denunciado que el contexto económico se agrava porque la Generalitat tiene que pagar "el doble de intereses" y reparte, injustamente, el déficit. "¿Qué se podría hacer en este debate disponiendo de 2000 millones de euros más?", se ha preguntado, antes de citar la falta de cumplimiento del Gobierno central con los compromisos fijados en la Ley de Dependencia.